La Cámara de Diputados aprobó por 119 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, el proyecto de resolución presentado por la Bancada Regionalista, que solicita al Presidente de la República que transparente y ratifique un respaldo a la eficacia del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, descartando cualquier eventual denuncia del Tratado a partir de 2021.
Al respecto, el diputado por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez, y quien lideró la presentación de la iniciativa, señaló que “le corresponde a este gobierno a partir del 2021 denunciar respecto de este convenio, es decir, definir si continúa o se retira. Por esta razón, con esta presentación le pedimos al Presidente de la República que ratifique y que descarte cualquier denuncia respecto al Convenio 169, el cual permite y fomenta el reconocimiento de costumbres, tradiciones, de la política propia de nuestros pueblos originarios, particularmente en nuestro caso el andino”.
Consultado por qué dicha solicitud de ratificación se realiza con tanta antelación – el gobierno debe pronunciarse sobre si seguir o retirarse en 2021 – el parlamentario señaló que “hemos sabido a través de notas de prensa que ciertos sectores, particularmente empresariales, han manifestado que es como una piedra en el zapato este convenio, porque a los pueblos originarios corresponde hoy día en razón de este reconocimiento, que se les consulte cuando sus territorios o tierras van a ser afectadas, y eso es importante”.
“Si estamos hablando del respeto a la diversidad y de un Chile multicultural, lo que corresponde es que se continúe con este convenio. Por eso tenemos esta desconfianza y qué mejor que el gobierno para que dilucide cualquier situación, es que ratifique, despeje cualquier duda, e indique públicamente que el presidente Piñera y su gobierno están por mantener este Convenio 169 que respeta a nuestros pueblos originarios, a nuestra gente y también a muchos de los parlamentarios que hoy día estamos en este hemiciclo”.
Cabe recordar, que el Convenio, vigente en nuestro país desde 2009, contempla el concepto de conciencia de identidad indígena o tribal y reconoce los derechos y libertades de estos, como también los principios y deberes de los Estados para con los miembros de los pueblos originarios, lo que los obliga, por ejemplo al deber de consulta respecto de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles diariamente.
