Con el objetivo de resguardar la seguridad hídrica en la provincia de El Loa, la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas declaró como zona de prohibición el Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC) de Calama.
La resolución fue publicada este martes 15 de abril en el Diario Oficial y restringe la posibilidad de otorgar nuevas concesiones de aguas subterráneas, tanto provisionales como definitivas.
Según indicó el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, la medida responde a un análisis que evidenció un “riesgo grave de disminución” de las aguas subterráneas en el sector. “No solo se trata de limitar el otorgamiento de nuevos derechos, sino que se requiere avanzar en gobernanza desde la cuenca del río Loa, donde se ubica el SHAC Calama, y ejercer una gestión integrada de los recursos hídricos”, explicó.
A nivel nacional, ya existen 143 zonas de prohibición, de las cuales 8 corresponden a la Región de Antofagasta, incluyendo esta última. Así lo detalló el seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, quien también llamó a un uso racional del recurso. “Se requiere que las comunidades que ya cuenten con derechos velen por un uso racional del agua que permita avanzar hacia la seguridad hídrica”, señaló.
La reforma al Código de Aguas exige que, una vez declarado un acuífero como zona de prohibición, los titulares de derechos deben organizarse en un plazo de un año para conformar una comunidad de aguas subterráneas. De no cumplirse este requisito, la DGA no podrá autorizar cambios en los puntos de captación de agua en dicho sector.
Entre las atribuciones de estas comunidades se encuentra distribuir el recurso según los derechos constituidos, promover su uso sustentable, instalar sistemas de control y monitoreo, mantener registros de extracción y responder a requerimientos de información por parte de la autoridad. También deben implementar técnicas de recarga artificial, regular la explotación del acuífero y realizar estudios que permitan prevenir su sobreexplotación.
Con esta declaración, la autoridad busca resguardar el equilibrio del recurso hídrico subterráneo frente a una creciente demanda, especialmente en zonas como Calama, donde la disponibilidad de agua es clave para la actividad productiva y el consumo humano.