El club de fútbol Cobreloa S.A.D.P. fue multado con 40 UTM tras no cumplir con la obligación de formalizar contratos para al menos el 50% de su plantel femenino, como lo exige la Ley 21.436.
El Juzgado del Trabajo de Calama ratificó la sanción impuesta por la Inspección del Trabajo, luego de que se comprobará que el club no había formalizado los contratos del número requerido de jugadoras en el campeonato nacional adulto femenino.
El Juzgado del Trabajo de Calama desestimó el reclamo presentado por el Club de Deportes Cobreloa S.A.D.P. y confirmó la multa de 40 UTM que le impuso la Inspección del Trabajo por no cumplir con la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino. La multa fue dictada el pasado 10 de octubre de 2023 por la Inspección Provincial del Trabajo de El Loa-Calama.
En el fallo, el juez Juan Pablo Flores Menéndez sostuvo que: “dado que COBRELOA S.A.D.P. tenía 27 jugadoras en su plantilla al momento de la fiscalización, todas ellas realmente profesionales, y que solo había formalizado la contratación de 12, infringió la obligación de contratación progresiva dispuesta para la primera anualidad de vigencia de la Ley 21.436, por cuanto no cumplió con el 50% de contratación del plantel de jugadoras que disputaban –en forma regular y permanente– el campeonato nacional oficial adulto femenino”.
El tribunal también descartó las justificaciones del club respecto a la naturaleza amateur de algunas jugadoras, enfatizando que todas cumplían con los requisitos para ser consideradas profesionales. Según el fallo: “más allá de las calificaciones que quisiera darles la reclamante a cada deportista, ausente de cualquier fundamento racional y jurídico, todas y cada una de las 27 jugadoras del club, mayores de edad, que cumplían idénticas obligaciones para con la institución (…) eran en realidad jugadoras profesionales”.
Por lo tanto, el tribunal resolvió: “RECHAZAR, en todas sus partes, el reclamo judicial contra multa administrativa interpuesto por COBRELOA S.A.D.P.”. Además, se impusieron las costas del juicio a la reclamante, que fueron tasadas en 800.000 pesos chilenos.