La Fiscalía de Antofagasta abrió una investigación contra la funcionaria del Hospital Regional, quien se habría apropiado de cerca de $120 millones entre 2015 y 2024.
A través de maniobras fraudulentas, la imputada habría desviado dinero de las cajas recaudadoras del hospital y de fondos pertenecientes a pacientes psiquiátricos, utilizando los recursos para gastos personales y viajes.
La Fiscalía Local de Antofagasta formalizó este viernes 07 de noviembre a la tesorera del Hospital Regional por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. La investigación se originó tras una denuncia realizada el día anterior por el director del hospital, quien reportó faltantes millonarios en el flujo de efectivo. Según la Fiscalía, la funcionaria se habría apropiado de aproximadamente $120 millones entre 2015 y octubre de 2024, utilizando estos fondos para cubrir pagos personales y realizar transferencias entre cuentas bancarias.
Durante la audiencia, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, expuso que la imputada, valiéndose de su cargo, realizó distintas maniobras para extraer fondos tanto de las cajas del hospital como de los ahorros de pacientes críticos del área de psiquiatría. Para disimular el origen del dinero, la tesorera depositaba los fondos ilícitos en su cuenta personal, posteriormente realizando transferencias a otras cuentas y utilizándolos para pagar deudas personales, tarjetas de crédito, y costear viajes familiares.
“Estos hechos fueron reconocidos por la tesorera, tanto en declaraciones ante funcionarios del hospital, como ante personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y fueron constatados mediante los arqueos que se realizaron en las cajas del hospital”, detalló el fiscal Aguilar.
La investigación estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, quienes llevaron a cabo análisis financieros y revisiones de cuentas bancarias que permitieron confirmar el monto y destino de los fondos sustraídos.
El jefe de Bridec, Subprefecto Néctor Rojas Leyton, afirmó que, tras recibir la orden de investigar, el equipo especializado se dirigió al hospital para realizar entrevistas, analizar documentos financieros y revisar cuentas, logrando evidencias del faltante en efectivo.
Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva para la imputada debido a la gravedad de los delitos, el tribunal resolvió imponer arresto domiciliario total y arraigo nacional. La investigación continuará por un plazo de 150 días, tiempo en el cual la Fiscalía y la PDI profundizarán en los análisis y recolección de evidencia relacionada con estos hechos.