Una querella criminal resolvió interponer durante la mañana este lunes ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta la familia de la profesora fallecida Katherine Yoma Valdivia, en contra de Jonathan Rodrigo Velásquez Ramírez, alcalde de la comuna de Antofagasta, por el delito de violación de secreto de particulares, tras la difusión de información privada de la docente.
Los antecedentes dan cuenta que el hecho se produjo el 22 de marzo de 2024, cuando el alcalde Velásquez publicó en sus redes sociales un video en el que se refería al trágico fallecimiento de la profesora, mostrando documentos de carácter privado que detallaban información sensible sobre su salud. Lo anterior, de acuerdo a la parte querellante, con el fin de mancillar el honor de la docente fallecida.
Estos documentos publicados por el alcalde, incluían informes de la Mutual de Seguridad y correspondencia oficial de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, lo que ha provocado una ola de indignación y críticas por parte de la comunidad educativa y la comunidad en general.
La querella, según pudo conocer este diario, sostiene que Velásquez, aprovechando su posición como funcionario público y presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, accedió y divulgó indebidamente información privada de Katherine Yoma Valdivia, infringiendo así el artículo 247 del Código Penal chileno.
El mencionado artículo señala que “el empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste, incurrirá en las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez sueldos vitales“.
Es decir, la autoridad comunal arriesga desde 61 días de cárcel, hasta 3 años y un día de prisión.
Todo ello, sin perjuicio de otros delitos que pudieran determinarse durante el transcurso de la investigación.
De acuerdo a los querellantes, la acción del alcalde Velásquez no solo vulnera el derecho a la privacidad de la profesora fallecida sino también provoca un perjuicio moral a su familia, exacerbando el dolor por su pérdida.
Ello, porque Velásquez, además de difundir información sensible para intentar eximir de responsabilidad a su administración por los hechos, procede a incorporar imágenes políticas y videos de connotación violenta, a fin de asociar lo anterior con la profesora fallecida.
Para la parte querellante, las acciones llevadas adelante por Velásquez entregan indicios notorios de su intencionalidad al momento de publicar el registro en redes sociales como Facebook, Instagram y Tiktok.
Los querellantes solicitan además diversas diligencias de investigación al Ministerio Público, entre ellas orden de investigar los hechos a la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Chile y la recopilación de documentos que acrediten la condición de funcionario público del querellado.
La muerte trágica de la docente y la forma de ser abordada antes y después de producirse por parte del alcalde Jonathan Velásquez ha despertado un profundo malestar en la comunidad de Antofagasta, poniendo en tela de juicio las prácticas éticas de la autoridad comunal, quien sufre la peor crisis de toda su administración.