El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió a trámite una querella criminal por injurias graves presentada por la abogada y ex directora regional del Servicio “Mejor Niñez”, Alejandra Pozo Cortez, en contra de la Seremi de Desarrollo Social, Berta Torrejón Gallo y la funcionara pública Paula Nievas Silva.
La acción judicial solicita para ambas una pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, multa de 10 unidades tributarias mensuales y accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por el delito de injurias graves.
Según se desprende de la querella, los hechos se remontan a enero de 2023, cuando la abogada Alejandra Pozo fue designada como Directora Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Antofagasta, tras postular por concurso de Alta Dirección Pública.
Sin embargo, aún antes de asumir en el cargo, Pozo fue objeto de acusaciones falsas de maltrato laboral por parte de la Seremi Berta Torrejón y la funcionaria Paula Nievas, entonces directora subrogante del Servicio y quienes habrían contactado a la dirección nacional de dicho servicio, difundiendo las falsas acusaciones presumiblemente para evitar el nombramiento.
Por otro lado, la Seremi Berta Torrejón habría conminado a funcionarios a denunciar cualquier conducta de maltrato por parte de Pozo Cortez. Este requerimiento y acusaciones contra la abogada no tuvieron eco, ya que no se produjo ningún hecho de estas características, sin embargo, meses más tarde encontraron su caja de resonancia en una de las dos asociaciones del servicio, ANTRAP.
El abogado querellante en este caso, Fidel Castro Allendes, indicó que “en nuestra opinión, los actos que realizaron tanto la Seremi, como la Sra. Nievas en contra de Alejandra Pozo, sólo tuvieron por objeto difamarla y afectar su prestigio y trayectoria profesional. Por esa razón, luego de un proceso de reflexión, tomó la decisión de defender su honra y dignidad”.
Contradicciones entre dos organizaciones
En el Servicio “Mejor Niñez” de la región de Antofagasta existen dos organizaciones de funcionarios. ANTRAP y ANFUSEPMA. En la primera están casi todas las jefaturas y subordinados, la mayoría profesionales incorporados al servicio a contar de octubre del 2021. Mientras que en la segunda están los funcionarios de carrera más antiguos, que provenían del ex SENAME.
En la querella se asevera que la primera organización comenzó a acusar Pozo de maltrato, probablemente a instancias de Torrejón y Nievas. Mientras tanto, la segunda organización de trabajadores defendía la función de la directora Alejandra Pozo y acusaba que los verdaderos actos de maltrato provenían de funcionarios y jefaturas afiliados a ANTRAP.
No obstante, la Seremi Berta Torrejón solamente respaldó la versión de la primera de las organizaciones, que inclusive se dio el trabajo de contactar a algunos medios de comunicación para masificar su versión sobre los supuestos actos de maltrato laboral.
Por su parte, Alejandra Pozo hizo saber a la Seremi que no existía ninguna denuncia concreta y formal, ni tampoco investigación sumaria o sumario administrativo para investigar supuestos maltratos, ni tampoco antecedentes de ellos durante el ejercicio de sus funciones. Lo anterior habría sido ratificado además por la propia delegada presidencial regional, Karen Behrens.
A pesar de lo anterior, el 21 de agosto de 2023, la Directora Nacional del Servicio se comunicó telemáticamente con la querellante a fin de indicarle que solicitaría su renuncia. A pesar de que en medios se informó falsamente que Alejandra Pozo había renunciado al cargo, lo cierto es que solo el 25 de agosto de 2023 fue notificada formalmente de la petición de renuncia no voluntaria.
Es por esta razón que en paralelo existe una causa por tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo por este mismo caso, acción judicial que lleva adelante el abogado Jorge Olivos, dado que la solicitud de renuncia se considera que vulneró sus derechos fundamentales.
Los próximos pasos consisten en que se cumplan ciertas diligencias pedidas por los querellantes, tales como solicitar a medios de comunicación que se hicieron eco solamente de la versión parcial de ANTRAP con acusaciones contra Alejandra Pozo, informar el alcance de sus publicaciones.
Posteriormente se fijará una audiencia donde las querelladas pueden dar explicaciones y pedir sinceras disculpas, con una difusión equivalente al daño producido, o bien deberán concurrir al tribunal a juicio con todas las pruebas, en cuyo caso, deberán concurrir a declarar la Directora Nacional del Servicio Mejor Niñez, su jefa de gabinete y la Delegada Presidencial Regional, entre otras personas.