La medida fue solicitada a la justicia por vecinos del sector norte de la comuna, quienes acusan el incumplimiento del plazo otorgado por la Corte Suprema al municipio para construir un cierre perimetral y disponer de medidas de seguridad en el ex vertedero la Chimba para evitar nuevas quemas ilegales, situación que aún no se concreta. Además se pide que el edil y funcionarios involucrados reciban la mitad de su remuneración durante la suspensión y que el caso sea derivado al Ministerio Público para investigar el posible delito de desacato.