La acción judicial se enmarca en la utilización indebida de abogados del municipio para asesorar, representar y defender al edil en una causa judicial de índole personal. Se busca preservar la integridad de la administración pública y el correcto uso de recursos. La parte querellante solicita una pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y la suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, además de multa según el monto defraudado.