El exoficial de Carabineros Ricardo Lillo Morandé fue condenado a 10 años y un día de prisión efectiva por el secuestro calificado del obrero minero Gumercindo Álvarez Pizarro en Antofagasta en 1974. El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, emitió esta sentencia en el caso (rol 3-2011).
En el mismo fallo, el acusado Juan Arturo León Hernández, quien era cabo primero en ese momento, recibió una condena de 5 años de prisión como coautor del delito, con el beneficio de libertad vigilada, lo que implica que estará bajo supervisión y orientación permanente de un delegado de Gendarmería.
En cuanto al aspecto civil, el ministro Hormazábal Abarzúa falló a favor de la demanda de indemnización de perjuicios y condenó al Estado a pagar la suma de $500.000.000 como compensación por daño moral a los hijos de la víctima.
El fallo establece que Gumercindo Álvarez Pizarro fue detenido el 29 de agosto de 1974 en su domicilio en Antofagasta por funcionarios del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR). Fue trasladado a las instalaciones del Grupo de Instrucción de Carabineros de Antofagasta, donde el SICAR tenía sus dependencias. Permaneció allí hasta el 2 de septiembre de 1974, fecha en que se encontró ahorcado en una de las celdas del SICAR. Sin embargo, la versión de los captores genera dudas sobre la veracidad de los hechos, ya que surgieron diferentes testimonios e investigaciones en ese momento.
Durante la detención, se comprobó que la víctima sufrió apremios físicos por parte de sus captores, lo que se reflejó en las fracturas costales detectadas en los restos óseos. Los testimonios de otros detenidos y exfuncionarios del SICAR también respaldaron el modus operandi y los abusos físicos aplicados a los prisioneros.
Con esta sentencia, se hace justicia en un caso de violación a los derechos humanos ocurrido en Antofagasta hace casi 50 años, brindando un alivio a la familia de Gumercindo Álvarez Pizarro y enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad de los perpetradores de estos delitos.