El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se pronunció este miércoles sobre la controversia generada por el millonario convenio entre la Fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.
En relación al convenio de $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la mencionada fundación, cuyo representante legal es el esposo de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, Montes anunció que apoyarán la investigación iniciada por el Ministerio Público y brindarán información relevante recopilada por el ministerio a la Fiscalía, para que esta última determine si existen elementos constitutivos de delitos.
Además, el ministro señaló que se llevará a cabo un sumario administrativo para aclarar los hechos y establecer responsabilidades.
“Estamos aplicando todas las herramientas necesarias para identificar las responsabilidades existentes y buscaremos formas de evitar que un caso como este vuelva a repetirse. Nuestro mensaje es claro: esto no puede ocurrir nuevamente y nos parece inaceptable“, enfatizó Montes.
Asimismo, el ministro anunció cambios en el modelo de asignaciones con el objetivo de lograr mayor transparencia en su ejecución.
Montes también hizo un llamado a la Fundación Democracia Viva para que ponga fin al convenio con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Antofagasta, destacando que esta sería la opción más sensata y razonable.
“Una parte de los recursos ya ha sido utilizada. Respecto a la parte no utilizada, consideramos que lo más sensato y razonable es que se ponga a disposición. Si no se cumple con esta solicitud, iniciaremos un proceso para la restitución de los recursos“, explicó el ministro.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo está comprometido en evitar situaciones similares y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, implementando medidas que aseguren la transparencia en los convenios y asignaciones realizadas en el ámbito de la vivienda y el urbanismo.