Cada 11 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario del hecho más traumático de la historia reciente de Chile. El golpe de estado que dio inicio a la dictadura cívico militar en la cual, junto a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, se instauraron las políticas de corte neoliberal, tales como la privatización de los recursos naturales, la imposición del sistema de las AFP y el desmantelamiento del sistema público de la salud o la educación pública y la Constitución vigente en el país.
Ese día, con apoyo y financiamiento extranjero, los conspiradores ponen en marcha su plan contra la democracia. Se produce el golpe de estado en La Moneda y luego comienza la represión brutal a lo largo del país. Antofagasta, Calama, Tocopilla, Chuquicamata no son la excepción y los partidarios del gobierno constitucional, comienzan a sufrir la represión del régimen.
Tal como aconteció en la mayor parte del país, en el norte no existió mayor resistencia, existiendo personas que incluso se presentaron de forma voluntaria al llamado que realizaron los militares mediante los diarios cómplices del régimen (y que fueron los únicos autorizados a seguir funcionando), para que los partidarios del gobierno derrocado de Salvador Allende se presentaran en los cuarteles de Carabineros o el Ejército.
Un llamado que significaría la sentencia de muerte para muchas de esas personas. Algunos desconfiaron y comprendieron que era el comienzo de la persecución política, por lo que lograron refugiarse en embajadas o consulados, mientras que aquellos que se entregaron, fueron apresados.
La detención era seguida de un proceso de incomunicación que podía durar muchos días y luego los presos políticos fueron destinados a la cárcel para ser puestos a disposición de los tribunales militares, que decidirían el paradero y los procedimientos a seguir con los detenidos. Muchos de ellos fueron asesinados y hechos desaparecer, sin juicio previo.
CARAVANA DE LA MUERTE
Entre todas los asesinatos de la dictadura, uno de los más tristemente recordados fue el paso de la “Caravana de la Muerte” por la región de Antofagasta, uno de los crímenes más siniestros y cobardes que se hayan registrado en la historia de Chile.
Apenas perpetrado el golpe de estado y asegurada la muerte del Presidente Salvador Allende, Augusto Pinochet designó al general Sergio Arellano Stark. En el norte de Chile la misión partió el 16 de octubre de 1973, recorriendo las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica. El saldo de muertos fue de 71 personas. El regreso definitivo a Santiago tuvo lugar el 22 de octubre de ese año.
Los asesinos actuaron desprovistos de toda humanidad, ciegos por una arraigada ideología de ultraderecha anticomunista. En varias ocasiones hirieron a los detenidos con corvos antes de fusilarlos. Posteriormente las víctimas eran enterradas en tumbas sin inscripción.
Años más tarde, el ex general Joaquín Lagos Osorio -Comandante de la Primera División del Ejército y Jefe de Zona en Estado de Sitio en Antofagasta- explicó por qué no se habían entregado los cuerpos de los ejecutados a sus familias, Lagos explicó que le avergonzaba se descubriera la barbarie con que oficiales asesinaron a los 14 prisioneros de Antofagasta.
“La Comitiva del General Arellano había sacado del lugar de detención a 14 detenidos que estaban en proceso, los había llevado a la quebrada del “Way” y los habían muerto a todos con ráfagas de metralletas y fusiles de repetición; después habían trasladados los cadáveres a la morgue del Hospital de Antofagasta y como esta era pequeña y no cabían todos los cuerpos, la mayoría estaba afuera. Los cuerpos estaban despedazados, con más o menos 40 tiros cada uno y en estos momentos así permanecían al sol y a la vista de todos cuantos pasaban por ahí“.
“Ordené que armaran sus cuerpos, los médicos militares y del hospital, y avisaran a los familiares y les hicieran entrega de los cuerpos, en la forma más digna y rápida posible“, es parte del impactante testimonio que entregó el ex uniformado a la fiscalía. En 2015 la justicia condenó a siete oficiales en retiro por estos crímenes.