“Esta es la gota que rebalsó el vaso: un informe de Directemar, solicitado por la diputada, Marcela Hernando, tras los aluviones de agosto del año pasado, determinó lo que todos sospechábamos y denunciamos desde hace tiempo: Tocopilla tiene problemas de contaminación. El borde costero tiene metales pesados que podrían eventualmente tener efectos en la salud”, señaló el Alcalde, Fernando San Román, tras interiorizarse, junto a su equipo técnico, de dicho análisis.
Tema, donde el jefe comunal sostuvo que solicitará la presencia e intervención del Colegio Médico, pero, al mismo tiempo, iniciará acciones judiciales como la de remediar el daño ambiental causado. “No descartamos emprender otras acciones para determinar eventuales responsabilidades del estado y las empresas”, sentenció el Alcalde de Tocopilla.
Falta de respuestas
Pero el Alcalde, Fernando San Román, fue más allá y se refirió a la falta de respuestas de parte del Gobierno Regional, en materias medioambientales.
“El año pasado el CORE aprobó un estudio, un diagnóstico de la contaminación en diferentes comunas de la región y eso no ha avanzado. Hacemos un llamado al Gobierno Regional para que esto avance”, señaló el Alcalde.
“A esto se suma, las sucesivas solicitudes que el municipio ha hecho para que se tomen muestras a los niños del Colegio Sagrada familia y Carlos Condell y también en el suelo para medir el impacto de las termoeléctricas. Eso tampoco se ha acogido, no hemos tenido respuesta del Gobierno”, aclaró San Román.
Hitos
Es importante relevar que durante la administración del Alcalde de la comuna se creó la unidad de medioambiente, la cual ha monitoreado y solicitado una serie de requerimientos que velen por el bienestar de la comuna. “Increíblemente, ganamos en la corte suprema un decreto del ex Presidente Piñera, el cual daba manga ancha a las termoeléctricas y dejaba en entredicho el plan de descontaminación”, señaló el jefe comunal
Otro de los hitos relevantes, en materia medioambiental, tiene que ver con la recién aprobada ordenanza municipal que obliga a las grandes empresas a pagar por los servicios de limpieza de sus residuos