Las últimas polémicas suscitadas en la política local y regional en Antofagasta, que tuvieron su punto más álgido en una tensa discusión en plena sesión del concejo municipal, palabras altisonantes y una autoridad comunal abandonando la sesión, pone nuevamente en el tapete la necesidad de reflexionar sobre la salud mental y el desempeño de las autoridades locales. En este contexto, surge una pregunta importante: ¿deberían someterse las autoridades políticas a evaluaciones integrales?.
La efectividad de la gestión pública se fundamenta en la preparación y equilibrio de quienes ocupan cargos de liderazgo en municipios, gobernaciones y servicios públicos. Considerando la influencia directa de estas autoridades y sus asesores de confianza en el desarrollo comunitario, es pertinente abogar por prácticas que garanticen la idoneidad y eficacia en sus funciones.
La implementación de evaluaciones integrales para las autoridades locales, sin vincularlo a situaciones específicas, surge como una consideración necesaria. En entornos laborales privados, las personas se someten a pruebas y evaluaciones para acceder a roles de responsabilidad. ¿Por qué no extender principios similares a quienes toman decisiones en el ámbito público que pueden influir positiva o negativamente a toda la comunidad?.
Las evaluaciones psicológicas proporcionan una comprensión valiosa sobre la capacidad de una persona para manejar el estrés, tomar decisiones ponderadas y mantener ambientes laborales saludables. No se trata de un juicio, sino de asegurar que estén preparados para los desafíos inherentes al liderazgo.
La inclusión de pruebas de drogas también resulta una medida de responsabilidad y transparencia. El consumo de sustancias ilícitas puede afectar negativamente la toma de decisiones y el desempeño laboral, aspectos críticos en roles de liderazgo.
Asimismo, en los ambientes laborales se sugiere la necesidad de pruebas de conocimientos, asegurando que quienes toman decisiones comprendan en profundidad los asuntos técnicos y profesionales que enfrentan. La falta de conocimientos adecuados puede llevar a decisiones erróneas con consecuencias significativas.
En la región de Antofagasta, conocida globalmente por su liderazgo en la industria minera, los estándares para acceder a diversos trabajos, desde operadores hasta ingenieros, son rigurosos. Exámenes psicológicos, pruebas de drogas y evaluaciones de conocimientos son comunes para asegurar la idoneidad de los postulantes. Es precisamente esta rigurosidad la que permite altos estándares de seguridad y eficiencia en las operaciones.
Con la misma vehemencia resulta útil considerar adoptar medidas proactivas para asegurar la integridad y eficacia de quienes tienen el poder de influir en el destino de una comunidad. En tiempos donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, estas prácticas podrían fortalecer la confianza en las instituciones públicas y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de la comunidad.