La Fiscalía de Rengo está investigando un estremecedor caso de trata de personas con fines de servidumbre, luego de que se descubriera que una niña boliviana de solo 8 años fue vendida por su abuela por $350 mil pesos chilenos a un matrimonio que la trasladó a Chile por un paso no habilitado, para obligarla a realizar trabajos forzados en un campamento ubicado a orillas del río Claro, en la Región de O’Higgins.
Según detalló el fiscal jefe de Rengo, Osvaldo Yáñez, la menor debía levantarse todos los días a las cuatro de la mañana para realizar labores domésticas como hacer las camas, barrer y limpiar el lugar. La investigación también reveló que nunca fue escolarizada, ni en Bolivia ni en Chile, y no contaba con identidad registrada en ninguno de los dos países, lo que la dejaba completamente invisible y desprotegida ante el Estado.
“En la práctica, ella podría haber desaparecido y nadie se habría dado cuenta”, señaló el fiscal.
La situación fue descubierta gracias a una denuncia de vecinos del sector, quienes advirtieron signos evidentes de maltrato físico y abandono. Una mujer del lugar relató que en varias ocasiones le dio comida a la niña al verla pidiendo alimentos y con marcas de golpes.
Tras las diligencias, el Ministerio Público formalizó a la abuela de la niña y al matrimonio que la mantuvo esclavizada por el delito de trata de personas con fines de servidumbre.
Reacciones desde el Congreso
El caso generó una inmediata reacción por parte de la diputada Carla Morales (RN), representante de la Región de O’Higgins, quien exigió al gobierno información detallada sobre las medidas implementadas para proteger a niños y niñas migrantes que viven en campamentos y en condiciones de vulnerabilidad extrema.
A través de un oficio, la parlamentaria solicitó antecedentes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Además, pidió claridad sobre los protocolos de asistencia jurídica y psicológica, y sobre la coordinación con los sistemas judiciales de países vecinos, como Bolivia, para prevenir y sancionar delitos de esta naturaleza.
“Es inconcebible que en pleno siglo XXI sigamos enfrentando situaciones tan brutales como esta, donde una niña es vendida por su propia abuela y expuesta a violencia, explotación y abandono total”, declaró Morales.
“La desprotección institucional y la falta de un sistema de alerta temprana dejan a miles de niños en vulnerabilidad extrema, invisibles para el Estado”, agregó.
Actualmente, la niña se encuentra bajo resguardo, y la Fiscalía continúa las investigaciones para esclarecer todos los hechos y garantizar su protección integral.